Cierran veinte oficinas de Senasa en todo el país, cinco ubicadas en la provincia de Buenos Aires

 

El Gobierno argumentó que se trata de “una estrategia para mejorar la coordinación, economía y eficiencia del servicio”.

El Gobierno cerró 20 oficinas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad (Senasa) en todo el país, cinco de las cuales se encuentran ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

Lo hizo mediante la resolución 683/2024 publicada en el Boletín Oficial, y argumentó que la medida es “a fin de mejorar la coordinación, economía y eficiencia del servicio”. En ese sentido, se habla de “un rediseño territorial asociado a un reordenamiento operativo y administrativo de los lugares donde el Senasa brinda servicios, resultando conveniente dar de baja a determinadas Oficinas Locales, integrando sus jurisdicciones a otras cercanas”.

A su vez aclararon que “dicha baja no afectará la prestación del servicio en los territorios, en virtud de haberse diseñado estrategias a los efectos de garantizar las acciones, los trámites y las gestiones que se realizan ante el Senasa, ya sea mediante autogestión o ante las oficinas locales de cercanía, así como las acciones que el mismo Organismo brinda en sus tareas a campo”.

En concreto, las autoridades dispusieron cerrar unas 20 oficinas locales de la provincia de Buenos Aires, Ciudad, Córdoba, Corrientes, Misiones, Salta, San Luis y Santa Fe. A cada sede que clausuraron la integraron a la jurisdicción de la oficina local más cercana.

En territorio bonaerense decidieron cerrar la oficina local de Berisso que pasó a integrarse a la de La Plata; la de Capilla del Señor que ahora depende de la de San Andrés de Giles; la de Coronel Rosales, que quedó integrada a la de Bahía Blanca. La de Henderson pasó a depender de Daireaux y la de San Nicolás, a Ramallo.

El Senasa es el organismo responsable de planificar, organizar y ejecutar programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal.

Tiene, entre otros objetivos, la función de fiscalizar y determinar la sanidad y calidad de los vegetales y sus partes, productos, subproductos y derivados, insumos específicos, productos alimentarios, residuos agroquímicos y contaminantes y productos biológicos, tanto para consumo interno, importación, exportación y tránsito. (DIB

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