“Caja negra”: cada legislador bonaerense cuesta $450 millones anuales, un 123% más caro que en 2022

Así lo aprobaron en diciembre los propios diputados y senadores provinciales; el año pasado 

La Legislatura bonaerense es conocida como la “caja negra” de la política provincial. Sus 138 legisladores, sin distinción de banderías partidarias, se nutren de un presupuesto multimillonario que ellos mismos se encargan de aumentar cada fin de año sin debate. Ni la inflación ni el reclamo ciudadano por mayor austeridad parece persuadirlos a ajustar sus gastos, al contrario: este año, por caso, cada legislador le costará al fisco bonaerense un promedio de $450 millones, un 123% más que en 2022.

En efecto, según se desprende del presupuesto legislativo aprobado en diciembre pasado, la Cámara de Diputados provincial cuenta con una partida de casi $36.500 millones, a razón de $397,2 millones anuales por cada uno de sus 92 miembros. Al Senado, en tanto, se le asignaron $25.652 millones, por lo que el costo anual por cada legislador (son 46 en total) es de $557,6 millones. Sendos presupuestos contemplan los gastos de funcionamiento legislativo, que incluye al personal, tanto de planta permanente como temporaria. Según las leyes aprobadas, la Cámara de Diputados prevé una planta de 1510 empleados (50 más que el año pasado), mientras que el Senado prevé 1340 empleados, 40 más que en 2022.

Los presupuestos aprobados significan un 123% de aumento respecto de 2022, según verificó LA NACION. Nada parece justificar semejante incremento, muy superior al 94,8% que marcó la inflación acumulada del año pasado y el doble de la proyectada a nivel nacional para 2023. Mucho menos lo justifica la tarea parlamentaria que realizan sus legisladores, que apenas sesionaron una vez por mes promedio en 2022. Eso sí, sus dietas son de las más altas del país: pueden alcanzar los $700.000 mensuales de bolsillo. Incluso cobran más que los diputados y senadores nacionales, cuyo ingreso mensual rondó, en diciembre pasado, los $673.000.

Los legisladores nacionales se agarran la cabeza cuando se comparan con sus pares bonaerenses. En el Congreso nacional, donde los niveles de exposición son muy altos y es más estricto el contralor de la sociedad civil, los diputados y senadores están permanentemente en la picota por los gastos de dieta, de pasajes y la cantidad de asesores contratados. En cambio, en la Legislatura bonaerense, donde la transparencia del gasto público escasea y prima la opacidad, los legisladores pueden subir sus gastos sin que los reflectores los apunten.

En efecto, a diferencia de lo que ocurre con el Poder Legislativo nacional, cuya partida está incluida dentro de la ley de presupuesto –y, por lo tanto, su ejecución es de acceso público y de fácil control-, los gastos de la Legislatura bonaerense van por fuera del presupuesto provincial y suelen votarse en un trámite a mano alzada, sin debate y a libro cerrado.

Durante la gobernación de Daniel Scioli, el presupuesto de las Cámaras pasó de ser un porcentaje de las partidas de Administración General a ser ese mismo porcentaje (1,2%), pero de las partidas globales de la provincia (incluyendo el Instituto de Previsión Social y organismos descentralizados). Así, los recursos de la Legislatura se multiplicaron exponencialmente.

A la hora de votar su presupuesto, los legisladores hacen causa común y lo aprueban sin chistar: en estas instancias no hay diferencias entre oficialistas ni opositores, todos integran una misma cofradía. En diciembre, los presupuestos de ambas cámaras se votaron en la sesión que sancionó el presupuesto general de la Provincia. Las votaciones se realizaron sobre el final del debate, sin que ningún diputado ni senador hiciera uso de la palabra para opinar sobre los recursos asignados a la Legislatura. Ni la izquierda, que en sus discursos declama que ningún legislador debería cobrar más que un docente, ni los libertarios, que se vanaglorian de sus proclamas “anticasta”, opinaron en Diputados, la única de las dos cámaras en la que tienen representación, sobre el presupuesto propio.

“Hace tiempo que la Legislatura bonaerense es la ‘caja negra’ de la política. El presupuesto legislativo es parte de la ‘gobernabilidad’ de la provincia, más aún cuando los oficialismos son minoría. Nadie quiere romper un sistema del que todos lucran, por eso todos lo consienten”, explica un exlegislador que supo trajinar los pasillos del Congreso y de la Legislatura provincial.

Sesiones, en baja

El aumento de los gastos legislativos no se condice con la baja actividad parlamentaria. El año pasado, la Cámara de Diputados bonaerense realizó 10 sesiones, mientras que el Senado provincial celebró 11, menos de una sesión por mes. Su desempeño en este punto ha sido más bajo que el del Congreso, que finalizó 2022 con 15 sesiones en la Cámara baja y otras 14 en el Senado.

El oficialismo de Axel Kicillof carece de quorum propio en las dos cámaras de la Legislatura y está obligado a negociar con la oposición; esto explica las dificultades para sesionar. En Diputados se necesitan 47 legisladores presentes para habilitar las sesiones, pero el Frente de Todos llega, con aliados incluidos, a 43 (más el presidente de la Cámara, Federico Otermín, mano derecha del jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde).

En el Senado, hay un empate en 23 bancas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Esa Cámara la preside la vicegobernadora Verónica Magario, referente peronista de La Matanza junto al intendente Fernando Espinoza.

Si bien la cantidad de sesiones no es el único parámetro para medir la actividad parlamentaria, al menos ofrece un indicio sobre el ritmo de trabajo de los legisladores. En marzo del año pasado, la Cámara de Diputados sesionó dos veces, para debatir las leyes de emergencia para fábricas recuperadas y la de gestión menstrual, y por el aniversario del golpe de 1976. En abril sesionó en solo una oportunidad, para discutir una iniciativa sobre fondos fiduciarios y fideicomisos. Durante mayo realizó dos sesiones, para aprobar el consenso fiscal y modificar las leyes del Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.

Junio pasó sin pena ni gloria: no hubo sesión. En julio y agosto se realizaron sendas sesiones, en las que se aprobaron, entre varias leyes, el programa de cuidados paliativos y la creación de una comisión para analizar la legislación procesal penal. Septiembre fue más prolífico: se realizaron dos sesiones, una de ellas para repudiar el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, y la restante para incorporar puntos al Plan del Desarrollo del Sudoeste Bonaerense.

Sin sesión en octubre y noviembre, la Cámara de Diputados tuvo virtual “receso”. Recién en diciembre volvieron a sesionar, en esa oportunidad para aprobar el presupuesto de 2023, la ley impositiva y la ley de alcohol cero al volante.

El Senado no tuvo un desempeño mejor. En marzo sesionó dos veces, para rechazar el desafuero del senador de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y para honrar el Día de la Memoria. El mes siguiente realizó una sola sesión, al igual que en mayo, cuando el oficialismo acordó con la oposición por cargos en la Defensoría del Pueblo y el Banco Provincia, entendimiento que derivó en el nombramiento de Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas.

En junio no hubo sesiones. En julio se celebró una sola para designar a los representantes del cuerpo para el Consejo de la Magistratura, entre otros puntos. En agosto también se hizo una sesión, con la jura de Roberto Feletti como secretario administrativo. Septiembre tuvo dos sesiones, una de ellas para repudiar el ataque contra la vicepresidenta y la restante para aprobar una serie de pliegos judiciales.

Una sesión por mes realizó el Senado provincial en los meses de octubre (el 27, dio media sanción a la ley de alcohol cero y aprobó pliegos judiciales), noviembre (el 29, modificó la ley de adopción), y diciembre (el 16, por el presupuesto y la ley impositiva).

Según las fuentes oficialistas y opositoras consultadas por LA NACION, este año no será muy distinto de 2022 en cuanto al ritmo la actividad parlamentaria. En minoría, el oficialismo tiene un panorama muy difícil para intentar aprobar la derogación de la ley de jubilaciones del Banco Provincia -una de las leyes claves que quedó pendiente- o para avanzar en la votación de pliegos de jueces y fiscales.

Desde el oficialismo relativizan la poca cantidad de sesiones que se celebraron en año pasado y exaltan que se aprobaron más de 130 proyectos. En Diputados prevén realizar al menos dos sesiones el mes próximo, mientras que en el Senado, si bien no hay definiciones sobre la agenda parlamentaria, estiman que mantendrán el ritmo de al menos una sesión por mes.

Laura Serra, Javier Fuego Simondet

LA NACION